Esta semana hemos visitado Getafe, donde el ayuntamiento y la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) están trabajando con una de las asistencias técnicas facilitadas por el Energy Poverty Advisory Hub (EPAH). El objetivo: desarrollar un modelo de comunidad energética enfocada a combatir la pobreza energética y a fortalecer el tejido social.

En el caso de Getafe, la empresa contratada por EPAH para acompañar a este municipio es Ecooo, una cooperativa de no lucro especializada en energías renovables y autoconsumo.

El Ayuntamiento de Getafe está en proceso de construir dos instalaciones fotovoltaicas en dos cubiertas municipales en los barrios de Las Margaritas y La Alhóndiga. Estas instalaciones producirán una electricidad renovable que será compartida con familias en situación de vulnerabilidad. Además, se pretende crear la comunidad energética que ampare la gestión de estas plantas, así como otros servicios energéticos comunitarios.

Con estos objetivos sobre la mesa, durante los 9 meses que dura la asistencia técnica de EPAH, se dará forma a un modelo de comunidad energética potencialmente replicable, tanto en Getafe, como en otros municipios.

Conociendo el proyecto EPIU

La primera parada de la visita es en las Oficinas de Hogares Saludables, donde un grupo de técnicas asesoran a vecinas y vecinos en cómo ahorrar energía en casa y optimizar sus facturas. Estas oficinas son producto del proyecto europeo EPIU, gracias al cual Getafe está trabajando en herramientas digitales para disponer de datos que les permitan localizar la pobreza energética escondida, así como diseñar una atención a medida de las necesidades de las personas usuarias.

Las trabajadoras de las Oficinas de Hogares Saludables nos cuentan cómo funciona el servicio, y cómo, además de informar, median con las empresas comercializadoras de energía para resolver conflictos y evitar cortes de suministros. Nos comparten lo importante del seguimiento de cada caso hasta que logran resolver un problema y las acciones que tienen que realizar para mejorar la situación energética de una familia.

Tras la charla, empezamos la sesión centrada en el modelo de comunidad energética.

Un inciso: ¿Autoconsumo o Comunidades Energéticas?

Es importante que los ayuntamientos que se plantean producir energía renovable en las cubiertas municipales para combatir la pobreza energética vean que tienen varias opciones. Pueden hacer instalaciones de autoconsumo, pueden crear una comunidad energética o hacer ambas cosas en función de las necesidades y el contexto.

A día de hoy, la normativa de autoconsumo en España ya permite que un ayuntamiento haga una instalación fotovoltaica en una cubierta pública y comparta esta energía con las vecinas y vecinos que estime en un radio de 1 (próximamente 2) kilómetros a la redonda. Esta modalidad corresponde a la de autoconsumo compartido. Muchas veces se asemeja el concepto al de una comunidad energética, pero una comunidad energética puede incluir una instalación de autoconsumo o no, y puede hacer otras muchas otras cosas.

Así que aquellos ayuntamientos que ya tengan superficie disponible y financiación para una instalación fotovoltaica, ya pueden empezar a generar energía y compartirla con quien consideren sin crear una comunidad energética.

¿Qué implica una Comunidad Energética? 

Por su parte, una comunidad energética implica que exista una comunidad (grupo de personas y/o organizaciones que toman decisiones en común), un ente jurídico que la sustente, así como unos acuerdos sobre los objetivos, los mecanismos de acceso y de participación, y la gobernanza, entre otras cosas.

Según el marco jurídico español, en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, las Comunidades de Energías Renovables son “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.”

Crear una comunidad energética, por tanto, requiere disponer o crear una entidad jurídica y luego responder a numerosas y a veces complejas preguntas. Y en este sentido, mientras el Gobierno no trasponga a la normativa española las dos directivas relativas a las comunidades energéticas, muchas de las preguntas serán contestadas sin la certeza de estar tomando el mejor camino posible. Podemos decir que, a día de hoy, la principal ventaja de crear una comunidad energética es poder optar a subvenciones. Y es en las bases reguladoras de las convocatorias, por ejemplo del IDAE, donde podemos hallar más definición.

Junto con técnicos de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Getafe, de EPIU de y las técnicas de Ecooo, debatimos sobre el borrador de la propuesta. A continuación, compartimos algunas de las preguntas que todo proyecto de comunidad energética que quiera incluir a familias en situación de vulnerabilidad habrá de responder: ¿qué forma jurídica es la adecuada? En este sentido es determinante de quién sea la propiedad de la planta, el modelo de gestión que se quiera implementar y el rol de los agentes que se pretende involucrar. Un proyecto municipal además deberá cumplir la regulación relativa a la contratación pública.

Seguimos por ¿cuáles son los requisitos para participar? ¿Estará abierta a los vecinos y vecinas que quieran? ¿Cuántas personas podrán participar? ¿Qué porcentaje de familias en situación vulnerable habrá respecto al total? ¿Podrán participar asociaciones? En caso de construirse con financiación europea, ¿es necesario que las beneficiarias retribuyan la inversión? ¿Habrá una cuota de inscripción? ¿De cuánto? ¿Cuánta energía se proveerá a cada participante? ¿Cómo se comunicará? ¿Cómo se llegará a las familias en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo participarán las personas que no pueden pagar cuotas? ¿Qué criterios de selección se seguirán? ¿Qué procedimientos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Dónde están los cuellos de botella?

En los próximos 5 meses de asistencia técnica, Getafe responderá a estas preguntas con la colaboración de las diferentes delegaciones municipales y de agentes sociales de los barrios afectados. Una vez termine, los aprendizajes serán compartidos desde el Energy Poverty Advisory Hub para que otros ayuntamientos puedan replicar la experiencia.

 

* Crónica de Alba del Campo.