DECÁLOGO DE ACCIONES POLÍTICAS PARA HACER FRENTE A LA POBREZA ENERGÉTICA

16/10/2013

1. Reconocer y definir oficialmente la pobreza energética.

Se entiende como pobreza energética la incapacidad de mantener una temperatura de confort en la vivienda, pagando un precio justo por ello. Sin embargo, sería interesante que se definiera también la pobreza energética a nivel oficial para poder establecer las políticas adecuadas, tal y como lo hace, por ejemplo, el Reino Unido, que considera que un hogar está en situación de pobreza energética si:

• tiene unas necesidades energéticas teóricas superiores a la mediana estadística del parque de viviendas.

• tiene unos ingresos económicos inferiores al 60% de la mediana estadística ajustados al tamaño, composición del núcleo familiar y una vez descontados los costes derivados de la vivienda (alquiler, costes energéticos…).

2. Definir el concepto de consumidor vulnerable.

La Directiva europea de mercado interior de electricidad (2012/72/UE) obliga a los Estados miembros a definir el concepto de consumidor vulnerable. España lo hizo pero de forma incompleta en el RDL 13/2012 con el texto “Transitoriamente, hasta la definición de los consumidores vulnerables, se considerará como tales a aquellos que están acogidos al bono social”. En realidad, la definición, que es diferente a la de pobreza energética, debería permitir identificar aquellos grupos de consumidores con necesidades reales para cubrir el gasto energético, lo que permitiría definir mejor las acciones concretas para este colectivo. El gobierno debe definir, cuanto antes, el concepto de consumidor vulnerable.

3. Establecer planes contra la pobreza energética.

Las Directivas de mercado interior de electricidad (2012/72/UE) y gas (2009/73/CE) invitan a los Estados miembros a elaborar planes de acción para paliar las situaciones de pobreza energética. España aún no la ha transpuesto por lo que dificulta la identificación, la prevención y la corrección de las situaciones de pobreza energética.

4. Aplicar medidas de eficiencia energética a los hogares afectados por la pobreza energética, con carácter prioritario.

Antes del 5 de diciembre de 2013, los Estados Miembros teníann que notificar sus planes para la implementación del artículo 7 de la Directiva 2012/91/UE de eficiencia energética que dice lo siguiente:

“Dentro del sistema de obligaciones de eficiencia energética, los Estados miembros podrán:

a) incluir requisitos con finalidad social en las obligaciones de ahorro que impongan; por ejemplo, la aplicación con carácter prioritario de un porcentaje de medidas de eficiencia energética a los hogares afectados por la pobreza energética o a las viviendas sociales…”

España aún no ha notificado sus planes y, sin duda, podría incluir este aspecto y establecer así un mecanismo para apoyar que los proyectos de eficiencia energética de los consumidores vulnerables tengan prioridad en estos programas.

5. Mejorar la implementación del Bono Social.

El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas como ya hacen otros países.

6. Disminuir el IVA aplicado al uso de gas y electricidad a nivel doméstico.

Actualmente, la energía se grava con el IVA general al 21%. Considerando que la energía es un bien básico y necesario para el bienestar y la salud, proponemos que se cambie a un IVA reducido del 10%.

7. Asegurar el suministro en momentos críticos.

El impago de facturas de energía de forma continuada lleva a la suspensión del suministro, salvo en algunos casos especiales que lo tienen garantizado (hospitales, por ejemplo). Entre estos casos especiales no se contempla ningún caso del ámbito doméstico. Los casos de necesidad vital de suministro eléctrico en el hogar (enfermedades respiratorias crónicas o tratamientos de diálisis) deberían ser considerados servicios esenciales y se deberían establecer medidas para evitar la desconexión en estas circunstancias. Asimismo, también se podría prohibir la desconexión durante los meses de más frío, como se hace en otros países.

8. Medidas interdepartamentales.

Además de implicar a ámbitos tan diferentes como la energía, la salud, el consumo o la vivienda, la pobreza energética es un fenómeno que administrativamente implica varios niveles de gobierno (estatal y autonómico) y varios departamentos. Por lo tanto, la coordinación de varios órganos gubernamentales es indispensable para llevar a cabo políticas coherentes y efectivas que integren soluciones a nivel correctivo, pero también preventivo.

9. Mejorar la información para el consumidor vulnerable.

El aprovechamiento de la energía requiere de una base tecnológica que a menudo se fundamenta en unos conocimientos específicos que solamente unos pocos poseen. Sin embargo, al tratarse de un bien esencial en la vida diaria de todos, es necesario informar a todos los usuarios (y especialmente al consumidor vulnerable) sobre aspectos básicos que les permitan entender las facturas, los servicios energéticos que están contratando, lo que se les está cobrando, cómo podrían ahorrar energía, etc. Así pues, es importante adaptar el discurso al perfil de usuario vulnerable, utilizando términos divulgativos y simplificando los conceptos utilizados.

10. Incentivar el autoconsumo en familias vulnerables.

La instalación de placas fotovoltaicas o térmicas en viviendas, por ejemplo, puede ayudar a disminuir la dependencia y la vulnerabilidad del consumidor energético, ya que las familias estarían menos expuestas a las subidas en los precios de la energía.